Por Carlos Serra

http://www.elmundo.es/baleares/2018/04/02/5ac24f0d268e3e573c8b45ba.html



LA LEY de Memoria Histórica de 2007, revalidada en marzo de 2018 en Baleares como Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos, persigue la sustitución del estudio de la Historia y el debate académico libre por el proselitismo academicista de izquierda y la persecución, denuncia y condena de todo juicio que se considere contrario a su ideario. La ley se adorna bajo la loable pretensión de dignificar a las víctimas del franquismo, pero promueve la persecución de la libertad de opinión, expresión, investigación y cátedra sin las cuales la historia se convierte en octavilla propagandística y catecismo escolar irrevocable.

Los mecanismos dispuestos por esta ley pasan por la creación de una Comisión de la Verdad donde políticos, no historiadores, deciden cuál es la verdad y qué versión de la historia queda legitimada como materia obligatoria de estudio. Rebautizando la historia, la izquierda pretende eliminar toda apología del franquismo pero, en realidad, lo que se perpetra es una criminalización de la propia historia para reconstruirla bajo prismas ideológicos y designios hegemónicos de raigambre totalitaria y excluyente.

Como señala el hispanista Stanley G. Payne, la izquierda adolece de sovietismo suave al deslegitimar la transición democrática española por considerarla culpable de olvidar los crímenes del franquismo, versión desmentida por cualquiera de los libros de texto de Historia publicados durante las últimas décadas en España y con los que las generaciones más jóvenes hemos sido convenientemente adoctrinados en la escuela.

Así, aprendimos que la 2ª República española fue un paraíso de virtudes democráticas, que el golpe del 36 se produjo contra un gobierno elegido democráticamente y que antes y durante la guerra civil española las izquierdas defendían la República y la Democracia. Esta es la visión del imaginario colectivo, inducida durante más de tres décadas y que ahora la nueva ley trata de apuntalar mediante la tipificación como delito de toda discrepancia con respecto a la versión oficial de la historia reconstruida por la izquierda, con todo un corolario de sanciones adyacentes, incluidas cuantiosas multas, largas inhabilitaciones para profesores e incluso penas de cárcel.

Que sean los socialistas los promotores de esta ley no es casual: eliminando de los planes de estudios la parte de la historia que les compromete moralmente evitan que los estudiantes puedan llegar a conocer el pasado criminal de un partido de tradición golpista, empeñado ahora en redimirse a golpe de decreto. Ya advertía Julián Besteiro, profesor de filosofía y veterano socialista, que el PSOE de la 2ª República tenía más características de organización fascista que la CEDA.


Y me corroe una duda. ¿Hablaremos de las miles de víctimas de izquierda asesinadas por la propia izquierda o hacerlo se considerará apología del franquismo?